La inspección ministerial realizada en las instalaciones logísticas ubicadas en la comunidad de La Fragua, en San José de Iturbide, incluyó la revisión de 59 millones 36 mil 870 litros de combustible. El proceso legal ha puesto el acento en el marco normativo que rige las terminales privadas de almacenamiento en el país y en la titularidad del energético resguardado dentro del complejo.

Contratos de depósito y deslinde de comercialización

El operador de la infraestructura en San José de Iturbide actúa únicamente como prestador de servicios de guarda y custodia. De acuerdo con el marco regulatorio vigente, «la planta solo sirve como lugar de depósito y resguardo. No compra ni vende hidrocarburos». La compañía a cargo del inmueble no tiene facultades para la compraventa de moléculas ni fija tarifas; la responsabilidad operativa se limita a recibir el producto que llega por tren, autotanque o ducto, preservarlo conforme a los estándares de seguridad industrial y entregarlo a las unidades que acreditan las multinacionales propietarias, entre ellas ExxonMobil, Shell y Marathon Petroleum.

Rotación técnica frente a señalamientos de acopio ilícito

El volumen bajo revisión se encuentra segmentado en 10 tanques que contienen 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.2 millones de litros de gasolina premium y 18.2 millones de litros de diésel. Consultores y analistas del ramo energético, incluidos Gonzalo Monroy y Arnoldo Cuéllar, puntualizaron que «la cifra corresponde a la rotación diaria de importación legal que se utiliza para el abasto regular de estaciones de servicio en la región del Bajío y en el centro del país», descartando que se trate de acopio clandestino o de inventarios  producto de procedencia ilícita.

Soporte documental ante investigaciones en la zona

La terminal mantiene un historial estratégico en la zona, demostrado a inicios de 2019 cuando facilitó la recepción y movilización de petrolíferos en plena contingencia regional de suministro. Frente a las indagatorias federales derivadas de una diligencia iniciada en julio en el municipio de San Luis de la Paz, la legalidad de los hidrocarburos almacenados en San José de Iturbide se sustenta en contratos de guarda y custodia, pedimentos aduanales de importación, guías de embarque y comprobantes fiscales expedidos a favor de las marcas internacionales.

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