Ciudad de México 9 noviembre._ La Cámara de Diputados de Chile admitió este martes un juicio político impulsado por la oposición contra el presidente Sebastián Piñera. Esto, a raíz de la implicación del mandatario en la investigación conocida como los Papeles de Pandora. Ahora el proceso pasará al Senado, que en caso de aprobarlo, significaría la destitución del mandatario.
Está acusado de infringir la constitución y las leyes y de comprometer el honor de la nación. Eso, por supuestamente favorecer la venta de una propiedad familiar durante su primer mandato (2010-2014). Los senadores tienen un máximo de seis días para iniciar la tramitación.
La oposición de centroizquierda necesita 78 votos de los 155 del pleno para admitir el juicio político y aunque tiene 83 votos en la Cámara, varios votaron en contra.
¿De qué se le acusa?
La acusación de 16 diputados izquierdistas surgió luego de que se dieran a conocer los llamados Papeles de Pandora, una investigación periodística internacional que incluye negocios en paraísos fiscales de más de 300 personas, entre ellas Piñera.
Entre millones de documentos hay un contrato de venta de una propiedad de los hijos de Piñera en las Islas Vírgenes Británicas firmado en diciembre de 2010. Dicho contrato condicionaba el pago de la última cuota de un negocio minero y portuario a que la zona donde se instalara no fuera declarada de exclusión, parque o reserva natural. La decisión dependía de Piñera, quien llevaba nueve meses de su primer gobierno (2010-2014).
El mismo año el mandatario reubicó una termoeléctrica que se levantaría en la misma área del proyecto familiar vendido. Por la misma información la Fiscalía Nacional inició una investigación a Piñera para establecer si hay posibles delitos de cohecho, soborno o fiscales, cometidos por acción u omisión. Piñera afirma que no se enteró de la venta hasta que concluyó su gobierno. Dijo que se pagaron en Chile todos los impuestos y que los hechos ya prescribieron.
Esta es la segunda ocasión en que se plantea enjuiciar políticamente a Piñera durante su mandato actual. La primera fue a multas de 2019, cuando fue responsabilizado de las violaciones a los derechos humanos durante la represión de un violento estallido social. Piñera esgrimió que la acusación no cumplía los requisitos constitucionales pertinentes.
