Tras la detención del Fiscal General de Justicia de Morelos, Uriel Carmona Gándara, Eliasib Polanco Saldivar, diputado morelense, ha solicitado al gobierno federal un informe completo sobre los cargos que se le imputan a dicho funcionario.
Esta solicitud se fundamenta en lo que se alega como un posible quebrantamiento del estado de derecho y hace referencia a una decisión previa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que establecía que cualquier acción legal en su contra debía ir precedida por un proceso de desafuero.
En este contexto, el también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del estado de Morelos manifestó su preocupación por la posibilidad de que la falta de aclaración por parte del Gobierno Federal pueda estar llevando a un acto de desobediencia judicial.
Es importante resaltar que este evento ha generado un escenario inimaginable, y según el legislador, Eliasib Polanco Saldivar, «Si el presidente (Andrés Manuel López Obrador) avaló esta acción, una vez más demuestra que no respeta ni respetará sentencias emitidas por la SCJN, y que en México se está perdiendo el Estado de derecho».
Previo a su arresto, el fiscal, expresó que desconocía los motivos detrás del operativo en su contra. Además, responsabilizó al presidente de México, a Claudia Sheinbaum, al ex subsecretario de gobernación Rabindranath Salazar y a Cuauhtémoc Blanco, de cualquier consecuencia que pudiera afectar tanto a él como a su familia.
Este caso tiene antecedentes que datan de diciembre de 2020, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el retiro del fuero del fiscal, argumentando incumplimiento de requisitos en las pruebas de confianza.
Tras una evaluación en la Cámara de Diputados, se determinó que los fiscales locales no contaban con protección constitucional, lo que habilitó procedimientos legales contra Carmona Gándara.
El Congreso estatal llevó a cabo una controversia constitucional, lo que permitió al fiscal mantener su cargo hasta su detención el pasado viernes.
En julio, la primera sala de la SCJN dictaminó que Uriel Carmona Gándara no podía enfrentar cargos por delitos federales sin un juicio de procedencia previo, debido a su inmunidad o fuero constitucional.
