España ha tardado sólo un año en alcanzar un objetivo que se esperaba que requiriera una década. El gobierno había predicho que para el 2030 el carbón ya no se usaría en las plantas de energía para generar electricidad, sin embargo este objetivo fue casi alcanzado el año pasado. El país ha reducido drásticamente su dependencia de la energía de carbón y, como resultado directo, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de la generación de electricidad se redujeron en un 33,3% en 2019, según las cifras que Red Eléctrica de España (REE), el operador de la red eléctrica nacional, adelantó a EL PAÍS.
Durante décadas, las centrales térmicas de carbón han sido una de las principales fuentes de electricidad. Pero en 2019 España le dio la espalda a este combustible fósil, que al quemarse libera dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero primario que contribuye al calentamiento global.
La minería del carbón en España llegó a su fin el 1 de enero de 2019, cuando España dejó de proporcionar ayuda estatal a sus minas de carbón en cumplimiento de las regulaciones de la Unión Europea y debido a la pobre rentabilidad de los depósitos nacionales de carbón. Pero se esperaba que los planes térmicos españoles que utilizan carbón importado – los que están situados a lo largo de la costa y tienen carbón embarcado – seguirían funcionando durante algunos años más. De hecho, los propietarios de estas minas habían invertido millones de euros en la adaptación a las nuevas normas de la UE sobre emisiones contaminantes que entraron en vigor este año.
Sin embargo, la electricidad generada a partir del carbón cayó drásticamente en 2019 hasta su punto más bajo desde que REE comenzó a llevar registros en 1990. El año pasado las centrales térmicas de carbón contribuyeron con menos del 5% de toda la electricidad generada en España, un 85,6% menos que en 2002, cuando la energía de carbón estaba en su punto más alto. Además, durante cinco días (14, 21, 22, 24 y 25 de diciembre) España no necesitó ninguna electricidad de carbón.
Hay muchas razones por las que ya no es rentable económicamente para las compañías eléctricas mantener las centrales térmicas. Según el grupo de expertos Carbon Tracker, se esperaba que los propietarios de estas centrales españolas perdieran 992 millones de euros hasta finales de 2019. Una de las principales razones es el sistema de comercio de emisiones de la UE, el primer gran mercado de carbono del mundo. Después de casi 15 años, la UE acordó fijar un precio para la liberación de dióxido de carbono lo suficientemente alto como para desalentar el uso de este combustible fósil. Durante el año 2019, el precio de una tonelada de CO2 fue de 25 euros, lo que significa que en muchos países europeos la electricidad alimentada con carbón no es tan rentable como otras opciones como el gas natural o la energía renovable.
La disminución del coste del gas natural y la introducción de las energías renovables también han contribuido a la caída de la electricidad de carbón. Las instalaciones de energía verde aumentaron un 10% en 2019. Según REE, el 36,8% de la electricidad del país procede de fuentes de energía renovables y el 58,6% está libre de emisiones de dióxido de carbono (tanto de la energía renovable como de la nuclear).
Gracias a estos factores, el sector eléctrico español terminó el año 2019 habiendo emitido algo más de 43 millones de toneladas de dióxido de carbono, un 33,3% menos que los 64,5 millones de toneladas liberadas a la atmósfera en 2018.
El sector eléctrico es responsable del 17% de las emisiones de dióxido de carbono de la economía española. Se espera que la caída de las centrales de carbón se refleje en una reducción global de las emisiones de dióxido de carbono para 2019. Pero las cifras del año pasado sobre el sector del transporte (en concreto, coches y camiones), que contribuyó con el 27% de los gases de efecto invernadero en 2018, y la industria, que contribuyó con el 19%, todavía no se han publicado. En los últimos años, la disminución de las emisiones de las centrales eléctricas se ha visto compensada por el aumento de las emisiones del transporte.
