México permitirá apelaciones sobre cancelación de cuentas en redes sociales

México permitirá apelaciones sobre cancelación de cuentas en redes sociales

El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó para comentario público una propuesta de reglamento en Twitter, Facebook y otras empresas de redes sociales.

La nueva ley propuesta el lunes por el partido Morena de López Obrador expondría a las empresas a multas de hasta 4.4 millones de dólares por violar el derecho a la libertad de expresión de los usuarios. La ley se aplicaría solo a las plataformas que tienen más de un millón de usuarios en México, aparentemente cubriendo solo sitios como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok o YouTube.

La propuesta permitiría a cualquier persona cuya cuenta esté bloqueada o cancelada apelar la decisión. Las apelaciones irían primero a los propios comités internos de la empresa, que tendrían 24 horas para afirmar o revocar la suspensión. Los usuarios pueden luego apelar a los reguladores de telecomunicaciones y, si no les gusta esa decisión, pueden apelar aún más las cancelaciones a través de los tribunales mexicanos.

Proyecto de ley podría violar acuerdo internacional

La ley podría contravenir el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y México y Canadá, que establece que:

Ninguna Parte impondrá responsabilidad a un proveedor o usuario de un servicio informático interactivo debido a… cualquier acción tomada voluntariamente de buena fe por el proveedor o usuario para restringir el acceso o la disponibilidad del material que sea accesible o esté disponible a través de su suministro o uso de los servicios informáticos interactivos y que el proveedor o el usuario considere dañino u objetable.

El proyecto de ley propuesto reconoce que las empresas de redes sociales tienen sus propias reglas de uso y comportamiento de la comunidad en línea, pero dice que:

Es necesario que estos procedimientos (internos) estén regulados por ley, para que con base en esa decisión se pueda hacer un recurso administrativo o legal, para hacer cumplir el derecho humano a la justicia de los usuarios.

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