Ciudad de México 8 noviembre._ Juan Carlos «G», extrabajador de Proyectos y Diseños VME S.A de C.V, fue vinculado a proceso por un juez federal por su probable responsabilidad en el delito de intervención ilegal de comunicaciones agravado en perjuicio de la periodista Carmen Aristegui.
El presunto responsable utilizó Pegasus, creado por NSO Group. Además, la empresa para la que trabajaba era parte de grupo empresarial KBH del israelí Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama. Es la compañía que el gobierno federal uso como intermediaria para adquirir el malware durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón.
También el juez estableció cuatro meses para que la Fiscalía General de la República (FGR) continúe con la investigación complementaria. Además determinó que Juan Carlos permanecerá en prisión preventiva justificada. Ello, pues existe el riesgo de que se fugue y representa un peligro para las personas relacionadas con el caso.
En un comunicado, la FGR informó que elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión, el pasado 1 de noviembre, contra el acusado en Querétaro.
Ataque a la libertad de expresión
Posteriormente, lo trasladaron a la Ciudad de México y lo pusieron a disposición de un juez en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Sur.
Ese mismo día, los agentes del Ministerio Público Federal, adscritos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, formularon la imputación contra Juan Carlos «G».
Pegasus
El Estado Mexicano adquirió a través de la empresa NSO Group el software Pegasus para acciones de vigilancia masiva y selectiva ilegítima a activistas, periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos.
El gobierno de Peña Nieto utilizó esta potente herramienta intrusiva para atacar de manera masiva los celulares de más de 15 periodistas –incluyendo seis trabajadores de Proceso, Carmen Aristegui y los miembros de su equipo de investigación–.
Más de un centenar de defensores de derechos humanos y más de 700 opositores políticos, entre ellos todos los integrantes del círculo íntimo de Andrés Manuel López Obrador, como lo revelaron Proceso y otros 17 medios en la investigación internacional Pegasus Project.
