Asaltan el Centro de Derechos Humanos Fray Matías en Chiapas

Las oficinas del Centro de Derechos Humanos (CDH) Fray Matías de Córdova en Tapachula, en la frontera sur de México, fueron asaltadas ayer, denunció la organización.

En un comunicado, detalló que la madrugada del viernes, durante el allanamiento que captaron cámaras de videovigilancia, se observó a los delincuentes cuando sustraen computadoras, teléfonos y documentos “directamente vinculados con nuestro trabajo de acompañamiento y defensa de derechos humanos”.

El centro acusó que solicitó el apoyo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas –del que es beneficiario–, pero la respuesta fue tardía.

“Al llegar esta mañana (viernes) para realizar nuestras labores cotidianas, constatamos que la intrusión se realizó por el patio trasero. La persona responsable intervino las cámaras de seguridad y registró todas las oficinas, dejando huellas de su presencia en distintos espacios y llevándose finalmente equipos de cómputo, celulares y documentos”, indicó.

La organización no gubernamental externó su preocupación porque otros objetos de valor no fueron sustraídos, lo que “sugiere que el robo tuvo como objetivo específico obtener información relacionada con nuestra labor de defensa”, insistió.

Consideró que el hecho representa un riesgo para el trabajo y seguridad de las personas que integran el equipo.

 

Incidentes

 

Este caso se suma a otros incidentes de seguridad que han enfrentado en los últimos meses y de los que ha dado cuenta al mecanismo. Y evidencian el patrón sistemático de hostigamiento, vigilancia, criminalización y persecución contra los defensores de derechos humanos.

“Solicitamos al gobierno federal, en particular al Mecanismo de Protección, la pronta respuesta e implementación de medidas de protección adecuadas que garanticen la seguridad del equipo del CDH Fray Matías y permitan continuar nuestra labor de defensa”, planteó.

El Centro señaló que la protección de la información y la integridad de los defensores es una obligación del Estado.

“Reafirmamos nuestro compromiso firme e inquebrantable con la defensa de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad. Este acto intimidatorio no detendrá nuestra labor”, apuntó.