Conapred aplaude aprobación de la Ley Paola Buenrostro

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) se congratula por la aprobación de la Ley Paola Buenrostro en el Congreso de la Ciudad de México, que reforma distintos ordenamientos locales.

Entre ellos, el Código Penal, el Código Civil, la Ley Orgánica de la Fiscalía General, y la Ley de Víctimas, con la finalidad de sancionar, en el ámbito penal, la violencia transfeminicida a la que se enfrentan las mujeres trans, por motivo de su identidad y expresión de género.

Violencias que, como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encuentran sustento en el deseo de “castigar” aquellas identidades, expresiones o comportamientos “que difieren de las normas y roles de género tradicionales, o que son contrarias al sistema binario hombre/mujer”.

El Conapred, organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación (Segob), señala que la violencia transfeminicida deshumaniza a las personas, como resultado final de los diversos contextos de discriminación y exclusión social que experimentan las personas trans en diversos ámbitos desde edades tempranas.

Encuesta

De acuerdo con datos de la última Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (Endosig), 31.7 por ciento de la población encuestada mencionó haber abandonado el hogar donde creció por motivos de su identidad de género y problemas familiares al respecto.

En tanto que 39.4 por ciento, reportó un rechazo por parte de su padre y 38.9 por ciento de su madre al manifestar su identidad de género.

Las personas trans suelen ser excluidas de sus hogares y comunidades por su identidad y expresión de género asumida, que las ha llevado a formar entornos afectivos alrededor de lo que se conoce como familia social, la cual, hoy es reconocida en las reformas aprobadas para la gestión de diversos trámites como la expedición del acta de defunción, lo cual además armoniza con lo previsto en el Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género.