La decisión de poner bajo arresto domiciliario al expresidente de Colombia, involucrado en una investigación de fraude y soborno, podría ser un punto de inflexión en una nación donde los políticos poderosos suelen evadir la justicia.
La Corte Suprema de Colombia ordenó el martes la detención de Álvaro Uribe, expresidente y figura encumbrada de la política de su país, como parte de una investigación que intenta determinar si es culpable de actos de soborno, fraude y manipulación de testigos. Considerado ampliamente como el político colombiano más poderoso. Mientras que otras naciones en América Latina han abordado agresivamente la corrupción en los últimos años, a veces con juicios a presidentes, Colombia no ha hecho lo mismo.
La decisión es un hito en un país donde los políticos más poderosos rara vez han sido llamados a responder por sus acciones en los tribunales a pesar de acumular años de pesquisas en su contra.
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