La Contraloría General de la Ciudad de México inhabilitó por un año al exjefe de Gobierno y senador de la República, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en la administración pública de la capital.
Esto a petición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por transgredir las normas electorales en 2018.
El Órgano de Control reportó que el pasado 5 de octubre impuso a Mancera Espinosa la resolución, fecha en la que comienza a correr la sanción y concluirá en octubre de 2021.
En un comunicado, se informó que “su participación durante la campaña presidencial de 2018, puso en riesgo la equidad de la contienda, vulnerando el principio de imparcialidad y neutralidad”.
Dejó en claro que esta medida no lo imposibilita para continuar con sus labores como legislador del PRD.
Mancera no será amonestado económicamente, ya que no se trata de un delito grave en materia electoral, sino que implica la pena mínima en materia administrativa.
En la resolución de la Primera Sala Regional se determinó que no se había cometido delito electoral alguno, pero el PRI impugnó la determinación y el caso se turnó a la Sala Superior, instancia que rectificó la resolución.
El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró, por unanimidad de votos, la vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda contenidos en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución federal, por parte del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Macera Espinosa, esto derivado de la difusión de diversos promocionales en radio y televisión en los que Mancera Espinosa expresaba las cualidades y apoyo al candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, transgrediendo el orden constitucional y legal.
Estos promocionales se realizaron unos días después de que dejó el cargo como jefe de Gobierno; no obstante, la entonces Asamblea Legislativa no había avalado la separación de Mancera Espinosa.
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