En septiembre del 2020 un despacho de asesoría jurídica especializada informó que presentó una denuncia en contra del legislador Marcos Zapotitla ante la Fiscalía General del Estado, lo que motivó que el congreso local le retirara de sus funciones en las comisiones de Igualdad de Género, Seguridad Pública y Protección Civil.
Ante las acusaciones contra Marcos Zapotitla por daño psicológico, emocional y físico, derivado del delito de violación en contra una víctima, sólo se le retiro de su cargo, pero no se ha procedido legalmente.
Jorge Arguelles, entonces diputado federal por el PES y presidente estatal del mismo, el caso del legislador en el congreso local fue retrasado para separarlo de su cargo definitivamente. Legisladores de oposición señalaron que el caso fue entorpecido intencionalmente con el fin de favorecer, en aquel momento, la reelección de Zapotitla para las elecciones de junio próximo.
A pesar de que públicamente Arguelles, candidato de la alianza PES-Morena a Cuernavaca, ha dicho que Zapotitla Becerro, no podrá aspirar a ningún cargo, ni siquiera a buscar la reelección debido a que enfrenta denuncias penales, una de ellas por el delito de violación, sigue siendo militante del PES y no se le ha realizado ningún procedimiento en su contra.
También ha señalado que durante su gestión se aplicará la ley con firmeza ante cualquier agresión a mujeres, e incluso firmó un acuerdo por la paridad con la asociación «Mujer nunca permitas» en Cuernavaca.
El estado de Morelos se ha convertido en un peligro para las mujeres, al ocupar, a nivel nacional, el segundo lugar en feminicidios y el quinto en violaciones sexuales, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El caso del diputado Zapotitla es uno de los más conocidos en los últimos años, señalaron representantes de los partidos políticos locales.
A cinco años de la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en ocho municipios, se han registrado 430 feminicidios, de acuerdo con información de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), lo que, afirma, refleja la falta de atención por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
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