La ONU y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos reprobaron la decisión de la mayoría de la Cámara de Diputados de eliminar el Fideicomiso del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) previsto en la Ley General de Víctimas (LGV), y alentaron al Senado a tomar en cuenta sus consideraciones en la revisión que hagan de la minuta que al respecto le corresponderá analizar.
A través de un comunicado, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresaron que quienes defienden los derechos humanos y ejercen la libertad de expresión en México enfrentan una situación de riesgo marcada por la violencia y las amenazas.
Por lo que les preocupa la eliminación del Fideicomiso del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, destinado a implementar medidas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo como consecuencia de su labor.
Los organismos que firmaron el pronunciamiento recordaron que en México defensores y periodistas “enfrentan una situación de riesgo por la marcada violencia y las amenazas”, tanto que el Observatorio de Asesinatos de Periodistas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha colocado al país como el segundo en el mundo con mayor número de periodistas asesinados, después de Irak.
De acuerdo con las cifras de la UNESCO de los 96 asesinatos de periodistas registrados entre 2019 y 2020, 18 ocurrieron en México, en tanto que la ONU-DH contabilizó 20 homicidios y dos desapariciones de personas defensoras de derechos humanos, y en este año ha documentado el asesinato de otras siete.
La situación del riesgo para ejercer el derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión “han sido objeto de atención prioritaria por parte de los organismos internacionales de derechos humanos y la comunidad internacional”, así reflejada en las 425 recomendaciones hechas a México por 27 organismos del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en esa materia:
En este sentido, el actual fideicomiso, Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ha demostrado ser un instrumento útil para contribuir a la rápida implementación de las medidas de protección en casos de extrema urgencia en todo el país.
Los organismos firmantes resaltaron que:
La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, elaborada con participación de la sociedad civil, ha sido la principal respuesta institucional a esta situación de violencia y constituye un marco normativo para que el Estado cumpla con sus obligaciones de proteger, promover y garantizar la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos en México.
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