Informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportan un cúmulo de irregularidades en el programa para reparar escuelas, casas, hospitales y monumentos dañados por los sismos.
Son algunos ejemplos del cúmulo de irregularidades que detectó en la ejecución en 2019 del Programa Nacional de Reconstrucción tras los sismos de 2017 y 2018: entrega de dinero sin calendarios ni controles, nula supervisión de obras y beneficiarios, subejercicios o sobreejercicios sin explicación lógica, informes incompletos o contradictorios, sistemas de seguimiento que nunca se pusieron en marcha, etcétera.
Para la reconstrucción por los sismos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contó con un presupuesto que ascendió a los 8 mil millones de pesos.
De acuerdo con Animal Político, el dinero estaba destinado para la reparación integral de viviendas, escuelas, hospitales y hasta monumentos históricos dañados o destruidos por los sismos, sin embargo, la pésima ejecución del programa denunciada por los auditores impidió, siquiera, conocer de forma confiable en que medida se ha avanzado y si ha habido un beneficio o no para los afectados.
En la base de las fallas está la nueva administración de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), ya que es la instancia a la que correspondía la correcta coordinación y seguimiento de los distintos entes y dependencias responsables de ejecutar los recursos del programa. De hecho, solo por esa coordinación la SEDATU ejerció un presupuesto de mas de 370 millones, pero su desempeño fue negativo, según la ASF.
“El desempeño de la SEDATU presentó deficiencias estratégicas y operativas como instancia coordinadora, lo que implicó que no acreditará la evidencia que posibilitara tener la certeza de la atención de los 37 mil 218 bienes identificados como afectados, ni de su avance físico y financiero y, por tanto, garantizar que la aplicación de los recursos económicos asignados al programa de reconstrucción se administraran cumpliendo con los principios de eficiencia, eficacia y economía”, concluyeron los auditores.
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