Aprueban Ley Ingrid en CDMX: castigo a funcionarios que filtren datos de víctimas

El Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley Ingrid que busca sancionar a los funcionaros que difundan información reservada, documentos o fotos de las víctimas.

Aprobó un dictamen de reforma al Código Penal local para sancionar con entre dos y seis años de cárcel y una multa a los servidores públicos que de forma indebida difundan información, fotografías o documentos relacionados con algún procedimiento penal.

Esta ley también impone una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a quien incurra en dichos actos.

Sancionará a los funcionarios públicos que, de difundan, entreguen, revelen, publiquen, transmitan, expongan, remitan, distribuyan, videograben, audiograben, fotografien, reproduzcan, comercialicen, oferten o intercambien imágenes, audios, videos, información reservada o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo e indicios relacionados con algún delito.

Asimismo se precisa que las sanciones previstas aumentarán en una tercera parte, si la información que se difunda es con el fin de desacreditar la dignidad de las víctimas o de sus familiares; se trate de cadáveres de mujeres, niñas, o adolescentes, o sea de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima.

El dictamen indica que:

El respeto a la memoria de las víctimas que han sido privadas de la vida es un tema necesario. La vida de una persona que ha sido violentada o su forma de muerte nunca deben ser causa para su revictimización o agravar aún más el daño causado.

¿Por qué es necesaria la Ley Ingrid?

Cabe destacar que la filtración de información sobre denuncias que están bajo investigación, así como de los datos personales de las víctimas, constituyen prácticas que violan el proceso correcto y generan discursos de odio contra quienes acuden a las autoridades, especialmente cuando se trata de mujeres y feministas.

Además, la filtración de información sobre carpetas de investigación de las procuradurías y fiscalías del país es ilegal, y el que los medios de comunicación la difundan genera revictimización y que se ponga en duda la palabra de las denunciantes.