La democracia aplicada entre desiguales simplemente no puede llamarse democracia, como se confirmó nuevamente este 18 de octubre en las elecciones de Hidalgo; en dicha contienda electoral operó, quizás como nunca en las últimas dos décadas, el Estado y la confabulación partidista, pues desde antes de la jornada electoral el pastel ya se había repartido; entraron al juego prácticamente todos los partidos políticos y por eso, cuando las autoridades declaran que fue una jornada electoral tranquila, sin incidentes mayores y que fue la participación ciudadana la que les dio el triunfo, guardan, en su mayoría, con honrosas excepciones, cómplice silencio.
No nos confundamos, en Hidalgo no ganó el PRI ni perdió Morena; ganó el Estado, el dinero y la violencia y perdimos todos los hidalguenses que realmente queremos un país distinto, justo y equitativo. Los tiempos de la justicia social y de la verdadera democracia siguen estando lejos de las posibilidades del pueblo, mientras no se organice y no logremos educarlo para que sea el verdadero motor de dicha transformación.
Sostengo que fue una elección de Estado por lo que personalmente fui testigo y por los cientos de testimonios que confirman los hechos suscitados:
1. Horas antes de la jornada electoral el INE se declara imposibilitado para poner en funciones el PREP (Programa de Resultados Preliminares) y habilita en su lugar el “Programa de Resultados Hidalgo 2020”, dejando totalmente en manos del IEEH (Instituto Estatal Electoral de Hidalgo) la conducción de la elección.
2. En varios municipios las casillas fueron literalmente tomadas por porros y pistoleros: no menos de 30 sujetos se apostaron para inhibir el voto e incluso decirle al ciudadano que en esa casilla “no le tocaba votar” y operar con toda la libertad en el lugar con la presencia encubridora de la policía estatal y de la Guardia Nacional.
3. La circulación de decenas de camionetas de lujo y pickup con sujetos armados en los municipios de Pachuca, Tizayuca, Tulancingo, Tlanchinol, Nopala, entre otros, que jamás, en ningún momento fueron interceptadas e investigadas ni por la policía estatal ni por de la Guardia Nacional, hablan claramente de la confabulación de ambas instituciones y de la operación policíaca para intimidar a la población y sobre todo obligar a los que acudían a las urnas a votar como les indicaban quienes estaban “resguardando” las casillas, y después verificar que la orden hubiera sido acatada al exigir se mostrase la respectiva foto de la boleta.
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