Logra amparo ex fiscal de Morelos; quiere evitar extradición

Uriel Carmona Gándara, quien desempeñaba el cargo de fiscal general en el estado de Morelos, obtuvo una suspensión que le permitirá evitar su extradición a Estados Unidos.

Esta medida fue concedida en respuesta a la demanda de amparo que presentó el pasado 4 de agosto, coincidiendo con su detención. Carmona Gándara argumenta que su entrega a los Estados Unidos sería un acto de intercambio y señala que el Departamento de Justicia estadounidense no incluyó en su solicitud la copia certificada de la sentencia condenatoria.

La detención del funcionario tuvo lugar durante el fin de semana y fue seguida por su vinculación a proceso ayer, a cargo de un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Obstrucción de la justicia

Se le imputa el delito de obstrucción de la justicia, específicamente por su presunto intento de retardar las investigaciones relacionadas con el feminicidio de Ariadna Fernanda, ocurrido en octubre del año pasado en la capital.

La titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en Ciudad de México, María del Carmen Sánchez Cisneros, concedió a Uriel Carmona Gándara la suspensión de plano.

Esto implica que la situación actual permanecerá inalterada, lo que evitará su deportación o expulsión a los Estados Unidos. La suspensión se extiende a la libertad personal de Carmona Gándara en el lugar donde se encuentra detenido, así como para facilitar la continuación del procedimiento de extradición.

Sin embargo, es importante destacar que la suspensión solo detiene la resolución de extradición emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La suspensión no tendrá efecto si la orden de extradición proviene de autoridades diferentes a las mencionadas como responsables en el caso.

Además de proteger a Uriel Carmona Gándara de la extradición, la suspensión también busca poner fin a la incomunicación, tortura psicológica y mediática, y otros actos contemplados en el artículo 22 de la Constitución.

La impartidora de justicia dejó claro que la salud, seguridad y custodia del demandante están bajo la estricta responsabilidad de las autoridades del Reclusorio Sur, quienes deben tomar todas las medidas necesarias para asegurar su bienestar.

Fuente: Regeneración