Taxistas de otros aeropuertos del país se sumaron a la demanda de los representantes de los taxistas autorizados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por el acuerdo de la FIFA y el Gobierno Federal para incorporar taxis de aplicación durante la celebración del Mundial 2026.
A través de un comunicado, los permisionarios autorizados de la terminal aérea capitalina advirtieron que no están dispuestos a que les impongan empresas extranjeras que no cumplen con la normatividad establecida como es el pago de impuestos y derechos.
Expresaron que tan es real la pretensión de incorporar a servicios de taxis por aplicación en los aeropuertos de la República mexicana con un “traje a la medida”, que un funcionario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), les confirmó que actualmente están trabajando “entre las sombras” en una propuesta para que “así sucedan las cosas y al final obtengan jugosos dividendos”.
Como se recordará, la semana pasada los representantes de los taxistas autorizados del AICM denunciaron esta pretensión de la FIFA y el Gobierno Federal y advirtieron que podrían llegar hasta las manifestaciones públicas.
Igualmente denunciaron que se busca que los taxis por aplicación operen en el AICM sin cumplir con todos los requisitos que sí son exigidos -sin excepción- a los permisionarios legalmente autorizados, los cuales no son gratuitos “ni caprichosos”, sino que son las bases en las cuales se sustentan las condiciones de seguridad de los usuarios.
Ante esta situación, los transportistas de los aeropuertos de Monterrey, Guadalajara, Veracruz, Puerto Vallarta, Mazatlán, San Luis Potosí, León, Cancún, Los Mochis, Hermosillo, Chihuahua, Morelia, Puerto Escondido, así como las agrupaciones Nueva Imagen, Yellow Cab, Sitio 300, SPAASA y Porto Taxi del AICM, han decidido combatir la pretensión del Gobierno Federal.
Y por ello, advirtieron que exigirán “suelo parejo” en las condiciones de regulación y competencia, utilizando todos los recursos legales a su alcance y convocar a la movilización social, en los casos que así sea necesario, conforme a sus derechos constitucionales.
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